EL FONDO HISTÓRICO DE HACIENDA
ANTONIO ORTIZ MENA
(1ª. de 4 partes)

Por Leonor Ludlow
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

El Fondo Histórico de Hacienda constituye el fondo de origen de la Biblioteca Lerdo de Tejada y está integrado por cerca de medio centenar de colecciones editadas por secciones y oficinas de la Secretaría de Hacienda. Por esta razón, es considerado como uno de los fondos documentales más importantes para el estudio de la vida económica de nuestro país y, en particular, para conocer el papel desempeñado por una de las instituciones de mayor peso y trascendencia en la historia nacional, como es el caso de esta Secretaría.

Conocer la historia de la Hacienda pública supone estudiar la “anatomía y fisiología” del Estado mexicano a lo largo del tiempo. A través de ésta se reconoce tanto su capacidad de gestión administrativa como la legitimidad alcanzada por el poder político, gracias a su función redistribuidora de una parte de la riqueza pública, tarea que desempeña simultáneamente, a través de la fiscalidad y del gasto.(1)

Véase Jean Bouvier, État et finances publiques, Annales. Economies, Sociétés et Civilisations, XXXIII, 1, en-feb.1978, p. 208-209.
José de Canga Argüelles, Diccionario de Hacienda I, en Biblioteca de Autores españoles. Desde la formación del lenguaje hasta nuestros días (continuación), Edición y estudio preliminar de Ángel de Huarte y Jáuregui, Madrid, 1968, (vol.210), p. 1-2.

Citado en Alejandro González Prieto (comp.) Memorias de la hacienda pública en México, 1821-1867. México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1994, vol. I, p. 11.
Contiene también información sobre sueldos de funcionarios y empleados de la Ciudad de México, y datos sobre los montos de oro y de plata que fueron entregados a las casas de moneda.

Recordemos brevemente las palabras del hacendista español José Canga Argüelles, en un texto que fue guía de la hacienda mexicana del periodo independiente, en el que se afirma que la ciencia de la hacienda, es una tarea que no puede limitarse al manejo de una suma de reglamentos, relativos a la “recaudación de la contribución pública”, ya que debe ser entendida como una

“…parte de la economía civil, que enseña el modo de engrandecer el Estado, empleando en utilidad suya las riquezas; y hacer opulento el Erario con el menor sacrificio del contribuyente. Es la que descubre los obstáculos que se oponen al bienestar de los pueblos; que deslinda los intereses políticos y mercantiles de las naciones, y el enlace que hay entre el valor de los frutos y las facultades del hombre; entre la agricultura y la industria, la felicidad y la fuerza. Finalmente, es la que examina la índole de los tributos, y su influjo sobre los mineros de la riqueza pública y sobre la moral y las virtudes sociales, que son los apoyos de los gobiernos.”

Como es sabido la Primera Regencia ordenó el 8 de noviembre de 1821 el establecimiento de cuatro ministerios, entre los que se contaba la Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda. A la que se le asignó el manejo de “…todos los negocios pertenecientes a la Hacienda pública en sus diversas rentas.” Además de “…la provisión inmediata o aprobación en su caso de todos los empleos de rentas.”

A partir de entonces los responsables de esta Secretaría realizaron numerosas acciones para cumplir con la misión asignada. Ello se tradujo en la emisión de disposiciones y decretos y, en la elaboración de informes y balances que hoy resguarda el Fondo Histórico de Hacienda. Pero la creación de esos documentos tuvo su propia historia, y a ello voy a referirme.

La Guía de Hacienda 1825-1828 es la primera publicación que forma parte de este patrimonio documental. Se trata de un documento publicado por el ministro José Ignacio Esteva en el que se da cuenta de la reorganización de la Casa de Moneda, de la creación de la Tesorería General de la Federación en sustitución de la antigua Tesorería General del Ejército y Hacienda Pública, además del establecimiento del departamento de Cuenta y Razón.

En los años siguientes la Secretaría no tuvo publicaciones regulares, salvo las Memorias, que desde 1822 hasta 1960 fueron impresas. Se trata de los documentos presentados anualmente por los ministros y los responsables del despacho, con el fin de informar al Poder Ejecutivo y al Legislativo acerca de las decisiones y medidas tomadas en cuenta durante el año fiscal precedente. Las Memorias y los informes presidenciales son los documentos más importantes para analizar el recorrido de las políticas hacendarias en el pasado, tanto desde el punto de vista práctico como para la historia de las ideas y las ideologías. Las Memorias son testimonio de las acciones y decisiones ministeriales, lo que supone la presentación de documentos definitorios de la política económica global y sectorial, así como una gran variedad de balances e informes estadísticos, amén de las medidas administrativas.

Durante el primer siglo de vida independiente no hubo la costumbre de publicar las disposiciones y decretos de manera regular con el fin de informar permanentemente a los empleados y funcionarios de este y otros ramos. Durante aquel periodo la Hacienda Pública fue sinónimo de bancarrota y desorden administrativo y esa situación se expresó también, en la falta de informes y noticias fidedignas. Según se desprende de las permanentes quejas de los ministros o de los encargados del despacho de esa época, que reclamaban informes o explicaban al Congreso acerca de las dificultades que enfrentaban para preparar proyectos, así como para poder elaborar un presupuesto cierto y confiable.

Los términos de estos reclamos fueron siempre parecidos, se insistía que los funcionarios locales no enviaban los datos solicitados o no remitían los informes sobre recaudación y movimientos de caudales en las administraciones provinciales y locales; pero también se aducía que estas dificultades eran resultado de la improvisación y de la carencia de registros, por lo que se buscó hacerles frente mediante constantes reorganizaciones de sus oficinas.

Pero una de las causas del desorden e incumplimiento administrativo fue la improvisación de los empleados y de los funcionarios del ramo. Los más agraciados contaron con el consejo y enseñanzas de los viejos empleados, cuya experiencia se remontaba a los últimos años del virreinato, tal fue la suerte de Guillermo Prieto y de Manuel Payno. Pero hubo otros que eran analfabetos, como se manifiesta en una orden dictada en 1853 para que todos los meritorios que ingresaran a laborar a este ministerio fueran obligados a
…saber leer y escribir con propiedad, inteligencia y corrección, gramática castellana, aritmética, elementos de geografía, tener buena conducta moral y civil, y cuando menos diez y seis años de edad.” Igualmente los oficiales de contabilidad debían tener conocimiento e inteligencia para el manejo de los registros de partida doble y en el manejo de la legislación hacendaria vigente.

La experiencia y conocimientos acumulados por aquellos jóvenes empleados rindieron importantes frutos cuando alcanzaron la mayoría de edad y ocuparon la cabeza de la Secretaría de Hacienda o pertenecieron a las comisiones de Hacienda o de crédito público de diversas legislaturas. Prueba de tal competencia son las reformas puestas en marcha, así como varios textos de economía y de historia económica, que escribieron con su puño y letra. Entre los que destaca la compilación y análisis de la Hacienda Pública del periodo independiente que presentó Matías Romero en la célebre Memoria de Hacienda de 1870; el libro de Guillermo Prieto que lleva el título de Lecciones elementales de economía política, editado en 1876 para su curso en la Escuela de Jurisprudencia, además de las diversas compilaciones y estudios realizados por Manuel Payno sobre el tema de crédito público.

Personajes pertenecientes a la generación de letrados liberales que reformaron la política y administración hacendaria durante la segunda mitad del siglo XIX. Tarea que fue proseguida por los intelectuales y funcionarios de los gobiernos de Porfirio Díaz; responsables de la política económica y publicistas destacados del progreso alcanzado por este régimen.

Una parte importante de las publicaciones que dan cuenta del crecimiento económico de ese periodo fue realizada por las secretarías de Hacienda y Fomento, que legaron una abundante documentación en materia de concesiones, exenciones impositivas, apertura de empresas y explotación de recursos naturales, entre otros campos donde incidía de manera creciente la regulación estatal.

El avance económico de ese periodo se tradujo en la proliferación de obras especializadas como fue el caso de la prensa económica, por ejemplo El Economista Mexicano y La Semana Mercantil-, así como series estadísticas importantes elaboradas por la Dirección General de Estadística (1883), además del levantamiento de datos de los primeros censos (1895, 1900 y 1910).

Es importante insistir que, parte importante de la memoria económica que comenzó a fluir desde aquellos años ha sido confeccionada por la Secretaría de Hacienda, que fue la dependencia responsable en el levantamiento y registro meticuloso de los datos requeridos para preparar la Cuenta de la Tesorería General de la Federación, así como las compilaciones de decretos y circulares en ramos diversos

Se recomienda revisar paralelamente el ramo de Hacienda en los informes presidenciales, en Los presidentes de México ante la Nación, compilación publicada en varias ocasiones por la Cámara de Diputados y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, La hacienda pública a través de los informes presidenciales a partir de la independencia hasta 1950, Texto introductorio a cargo del Secretario del ramo, Ramón Beteta, México, S.H.C.P., 1951.
Esta queja fue permanente, aparece registrada desde la segunda memoria de Hacienda, la cual fue presentada ante el Congreso por Francisco de Arrillaga en noviembre de 1823. En ella se señala que, “…no se ha presentado aún muchas de las cuentas de aquella época (virreinal): no se encuentran en las primeras oficinas de esta capital datos exactos ni aún bastante aproximados de los productos y gastos, y por más órdenes que se han circulado en estos dos años (…), tampoco se ha conseguido que todos los intendentes hayan producido los estados que se les pidieron, y menos con la exactitud, claridad y uniformidad prevenidas por no haberlos podido adquirir de sus subalternos, con aquellas calidades y puntualidad correspondiente”. Citado en González Prieto, op.cit., p. 34.
Guillermo Prieto (21 de septiembre de 1852), Circular del Ministerio de Hacienda. Se determinan las cualidades que deben tener los meritorios para ser admitidos en las oficinas del Supremo Gobierno, citado en ídem., p. 283.
Entre los autores más conocidos de la generación liberal destacaron los escritos de Guillermo Prieto y de Ignacio Ramírez así como los estudios y compilaciones realizados por Luis G. Labastida y Francisco Espinosa. En la segunda generación sobresalieron tratadistas de temas financieros como Pablo Macedo, Indalecio Sánchez Gavito y Joaquín D. Casasús; estas tareas fueron proseguidas a principios del siglo XX por analistas como Enrique Martínez Sobral y Francisco Barrera Lavalle, además de críticos como Luis Cabrera y Toribio Esquivel Obregón.

Esos trabajos fueron elaborados por una “…generación de intelectuales en el poder, que, …(vieron) su presente como la etapa que terminó con la anarquía, y al futuro como el periodo en que la nación mexicana habría de consolidar su unidad y afirmar su desarrollo económico y social.” Enrique Florescano, “Situación y perspectiva de la historia económica de México, en La historia económica en América Latina, I Situación y métodos, México, Secretaría de Educación Pública, 1972, p. 172.
Los registros estadísticos más importantes fueron realizados en los años de 1880 y 1890 por Emiliano Busto, Antonio Peñafiel y la empresa de F. Navarro y Cía. Véase Sergio de la Peña y James Wilkie, La estadística económica en México: los orígenes, México, Siglo XXI Editores, 1994, p. 93 a 120.